Durante la madrugada, un grupo de soldados de la Compañía de Operaciones Especiales de Palma de Mallorca, realizó una fuga colectiva del cuartel para denunciar los presuntos malos tratos que sufrían.
Todos se entregaron a la mañana siguiente, tras hacer declaraciones a la prensa y la Televisión, iniciándose una investigación interna e instruyendo el Juzgado Militar diligencias sobre el caso.
Llamaba la atención el hecho, de que los soldados llevaban siete meses en filas, por lo que les faltaban solo dos para licenciarse y todos pertenecían a una misma sección, en la que sólo uno no secundó la fuga.
Los soldados explicaron que estaban sometidos a un intolerable mal trato físico y psicológico y como refuerzo a sus declaraciones, mostraron fotografías en donde se observaba cómo un soldado recibía golpes o se les amenaza con la culata de un fusil, acusando la pasividad de los mandos que permitían tales hechos.
El Ministerio, achacó los hechos a la dureza de los ejercicios realizados por la unidad, en los que se practicaron métodos de supervivencia y calificó la fuga de "hecho absolutamente extraordinario" dejando el asunto en manos del juez militar, si bien decía que "puede comportar delito de sedición" penado con 1 a 15 años de cárcel.
A los pocos días, el juez militar decidió archivar el expediente y el Ministerio admitió que se habían producido arbitrariedades de algunos mandos que serian sancionadas, al mismo tiempo que calificaba la fuga contraria a la disciplina, saldándose el asunto con arrestos militares.
Los jóvenes, prepararon su acción para asegurarse que tuviera eco fuera del ámbito militar y, por lo tanto, el hecho hay que situarlo en la creciente resistencia, contra el Servicio Militar Obligatorio en la última mitad del siglo pasado, cuando para paliarlo, se decidió reducir su duración, primero de 12 a 9 meses y luego a 6 meses.
En 1996 el servicio militar obligatorio fue finalmente suspendido por el gobierno, aunque no acabaría realmente hasta el año 2001 y, durante ese tiempo, se sustituyeron las penas de cárcel para insumisos por la inhabilitación o “muerte civil” y el movimiento optó por la "insumisión en los cuarteles", consistente en incorporarse al servicio militar para luego desertar públicamente y seguir promocionando su abolición.
No obstante, en la actualidad en España la prestación del servicio militar, está solo “suspendido” y no eliminado, ya que el artículo 30 .1 de la Constitución dice que : “Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España” y en tanto esta norma no se modifique, la “mili” podrá volver a ser restablecida de nuevo.
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