sábado, 10 de junio de 2017

Cuando la Unión Europea intentó ampliar la jornada laboral

Tal día como hoy 10 de junio de 2008, los países de la Unión Europea, en una iniciativa "retrograda" sin precedentes, acuerdan ampliar la semana laboral a 65 horas, desde las 40 actuales, en lo que supone un evidente retroceso en los derechos de los trabajadores.

De este modo se tiraba por tierra, un derecho social consagrado por la Organización Internacional del Trabajo desde hace 91 años y ganado por los trabajadores.

La Directiva de las 65 horas fue un acuerdo aprobado por mayoría cualificada de los ministros de Trabajo del Consejo Europeo mediante el cual se pretendía modificar la Directiva de Tiempo de Trabajo y ampliar la jornada laboral de 48 horas semanales, hasta 65, siempre y cuando así lo acordasen el trabajador y el empresario.

La directiva establecía la jornada laboral hasta las 60 horas, y de 65 horas en el caso de guardias médicas, transportistas y pescadores, para quienes se pretendía contabilizar como horas de descanso el tiempo que pasaran en el trabajo, incluso el no productivo.

Así, la semana de trabajo en la Unión Europea debía seguir teniendo 48 horas como máximo, pero en base a acuerdos individuales se permitiría que empresario y trabajador pudieran alargar la jornada hasta 60 horas semanales,  e incluso hasta 65 horas en algunos colectivos especiales.

La propuesta se tramitó bajo la presidencia de Eslovenia, y tras la victoria electoral de Silvio Berlusconi en Italia, que había desequilibrado los votos en torno a la medida, a la que se oponían  otros gobiernos como los de Francia o España.

La ministra eslovena de Trabajo, aseguró que el acuerdo alcanzado ofrecía "protección para los trabajadores y flexibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo" y el ministro británico de Economía, indicó que el acuerdo aseguraba la libertad de los trabajadores para poder ganar más con más horas de trabajo, y que las empresas pudieran estar cubiertas durante periodos de mayor actividad.

Entre los países más críticos con el proyecto se encontraban España - que se abstuvo en la votación - Bélgica, Chipre, Grecia y Hungría, y presentaron reservas asimismo Portugal y Malta.

La propuesta contó con la oposición de los sindicatos de trabajadores y de forma general con la de estos y la Organización Internacional del Trabajo señaló, con respecto a las ampliaciones de jornadas laborales, que “las de menor duración tienen efectos positivos, para la salud y la vida familiar y  la reducción de accidentes, así como mayor productividad e igualdad entre los sexos”.

La directiva debía ser refrendada por el Parlamento Europeo y votaron en contra de la misma los grupos socialista  y de Izquierda Unitaria Europea y el Verde. Los grupos popular españoles votaron también en contra, junto con portugueses y griegos.

El resultado del voto contrario significan las 48 horas como máxima de jornada laboral semanal y aunque técnicamente se abrió un plazo de 90 días en el que el Consejo Europeo y el Parlamento debían buscar una fórmula de acuerdo, esta no se produjo, y la directiva de las 65 horas finalmente se rechazó


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