Se conoce así, la ola de violencia anticlerical contra edificios de la Iglesia, ocurrida en España entre los días 10 y 13 de mayo de 1931, pocas semanas después de haberse proclamado la Segunda República.
Los disturbios comenzaron en Madrid, extendiéndose por ciudades del sur y levante, ardiendo unos cien edificios, destruyéndose objetos artísticos, profanándose cementerios de conventos y resultando varios muertos y heridos.
La proclamación de la República, trajo consigo medidas, como la disolución de la órdenes militares, supresión de actos religiosos en cárceles y cuarteles, fin de las exenciones fiscales a la Iglesia y voluntariedad de la enseñanza religiosa, lo que privó que la Iglesia pudiese intervenir en la elaboración de los planes de estudios.
Pero un sector numeroso del clero más integrista, encabezado por el arzobispo de Toledo Pedro Segura, no estaba dispuesto a transigir con la República que consideraban una desgracia, afirmando que era obra de los “enemigos de la Iglesia y el orden social”, refiriéndose a ella como un castigo divino, mientras en una pastoral elogiaba la monarquía y al destronado Alfonso XIII.
Los republicanos, interpretaron esto como una declaración de guerra, incrementando el sentimiento anticlerical de muchos y el 10 de mayo saltó la chispa en Madrid, en la inauguración del “Círculo Monárquico Independiente”, donde con intención provocativa, los monárquicos hicieron sonar la "Marcha Real" en un gramófono y lanzaron pasquines en los que pedían "hacer la vida imposible a esta caricatura de República".
Al parecer, en la calle hubo una discusión con un taxista republicano, que se convirtió en un altercado, ardiendo tres coches y corriendo el falso rumor de que “un taxista republicano había sido asesinado por los monárquicos”, lo que causó ataques al diario ABC, donde intervino la Guardia Civil, que disparó contra los que intentaban quemar el edificio, con varios heridos y dos muertos.
Grupos de exaltados apedrearon el casino militar, mientras las armerías eran asaltadas y se disparaba contra la Guardia Civil y, cuando la mañana del 11 de mayo, le llegó al gobierno noticia de que la residencia de los jesuitas estaba ardiendo, aunque el ministro de la Gobernación Maura intentó mandar la Guardia Civil, se opuso el gabinete y especialmente Manuel Azaña, que llegó a decir que “todos los conventos de Madrid no valían la vida de un republicano”, provocando esta dejación, que los sublevados quemaran más de una decena de edificios.
Cuando por fin, el Gobierno declaró el estado de guerra, la quema se extendía ya a otras ciudades, produciéndose los sucesos más graves en Málaga, donde las masas incontroladas comenzaron los asaltos, prolongándose todo el día 12, sin poder ser contenidas por una posible connivencia del gobernador militar, que no reprimió los desmanes y por contra, mandó retirar a la Guardia Civil.
Durante estos trágicos sucesos, buena parte del patrimonio religioso, artístico, cultural e histórico de Málaga fue destruido y las pérdidas de archivos históricos, piezas de orfebrería, imágenes de incalculable valor, antiquísimas pinturas, bibliotecas, etc. fueron imposibles de recuperar.
Además, hubo cuatro muertos y los incendios y asaltos afectaron también a comercios y casas particulares, en una especie de trágico ensayo, de lo que luego sería la guerra civil.
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