Dicho Tribunal, también conocido como TOP, fue una instancia judicial especial existente en la fase final del franquismo, cuya misión fue la represión de las conductas que bajo ese régimen dictatorial eran consideradas como delitos políticos.
Creado en diciembre de 1963, sus funciones continuaron con la finalidad de perseguir los delitos cometidos en todo el territorio nacional, cuya singularidad era subvertir, en mayor o menor grado, los principios básicos del Estado.
Tiene su origen en la Ley 154/1963, de 2 de diciembre de 1963, sobre creación del Juzgado y Tribunales de Orden Público, tras el fusilamiento de Julián Grimau, y sus funciones continuaron hasta el año 1977
El TOP, asumió también algunas de las funciones del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y otras, que limitaban con las propias de la jurisdicción militar ya que enjuiciaba delitos cometidos contra las Fuerzas Armadas.
Uno de sus procesos más famosos de la mencionada jurisdicción, fue el denominado “Proceso 1001” contra sindicalistas de Comisiones Obreras (CCOO).
El día 30 de diciembre de 1973, se anunciaron las condenas del “Proceso 1001”, cuya extrema severidad se consideró relacionada con el asesinato de Carrero Blanco, siendo los diez miembros de la dirección de CCOO - conocidos como “los diez de Carabanchel” - condenados a prisión de entre 12 y 20 años, aunque al año siguiente, el Tribunal Supremo revisó las penas, rebajándolas considerablemente hasta 1 y 6 años las de mayor gravedad.
Poco después de la muerte de Franco, los encarcelados por el Proceso 1001 fueron indultados por el Rey Juan Carlos I.
En 1977, muerto Franco dos años antes e iniciándose la Transición Española, será suprimido, creando en su lugar la Audiencia Nacional.
La ley 52/2007, de Memoria Histórica, declaró que este Tribunal era ilegítimo, así como las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia.
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