La Corte Penal Internacional - erróneamente llamada Tribunal Penal Internacional - es un tribunal de justicia permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.
No se debe confundir con la “Corte Internacional de Justicia”, órgano judicial de Naciones Unidas, pues La Corte Penal Internacional, tiene personalidad jurídica internacional y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella de acuerdo al Estatuto de Roma. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos.
Ya en 1919, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, los países victoriosos quisieron juzgar al Káiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión, pero nunca se llegó a un acuerdo sobre la materia.
Su fundamento más directo se encuentra en los tribunales internacionales de Núremberg y Tokio para juzgar a los criminales de guerra de Alemania y Japón por los delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Pese a que el primero ha sido objeto de críticas, fueron considerados un gran avance en materia de justicia internacional y posteriormente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, recomendó a un grupo de expertos que estudiara la posibilidad de establecer una corte permanente de justicia en materia criminal, similar a la Corte Internacional de Justicia.
Sin embargo, después de largos debates, la idea no prosperó hasta los acontecimientos del genocidio yugoslavo de 1991-1995 y el de Ruanda de 1994. En parte por estos trágicos hechos, se celebró en la ciudad de Roma una Conferencia de las Naciones Unidas, sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, en cuya acta final, suscrita el día 17 de julio de 1998, se constituyó.
Se trata así del primer organismo judicial internacional permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes, cometidos en contra del Derecho Internacional.
Para que la Corte pueda tener éxito, es necesario que los Estados miembros colaboren con ella para que cuente con los elementos mínimos que le permitan cumplir con su mandato.
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