Banca Catalana, fue una entidad creada en marzo de 1959 por Jordi Pujol y otras personas de sectores económicos diversos, tras la compra de la Banca Dorca de Olot que cambió su nombre por el de “Banca Catalana”.
Durante los años de 1960 al 1980 se expandió y abrió oficinas por toda Cataluña, Baleares y resto de España, financiando actividades catalanistas de todo tipo y con una política económica de aparente bonanza expansiva, repartió cientos de millones de pesetas en dividendos, pese a tener un déficit de 11.086 millones, realizando inversiones en las que luego se detectaron irregularidades, pero entonces era el décimo grupo bancario español y el primero catalán, con unos depósitos de 262.226 millones de pesetas, 352 oficinas y 5.226 empleados.
A comienzos de 1982, ya se rumoreaba que no atravesaba un buen momento, pese lo cual. acometió una gran expansión no solo con nuevas oficinas, sino adquiriendo una serie de bancos, en un momento en que los tipos de interés estaban muy altos.
Al poco entró en crisis, lo que provocó la retirada de más de un tercio de los depósitos, mientras los intentos de solución fracasaron, ante lo cual el Banco de España envió una inspección, la cual evidenció que el agujero iba aumentando y alcanzaba ya los 130.000 millones de pesetas, por lo que en septiembre de 1982 se intervino la entidad.
En mayo de 1984 Jordi Pujol – Presidente de la Generalitat - fue incluido en una querella presentada por la Fiscalía General del Estado, por presuntos delitos, contra los ex-directivos de la entidad, siendo objeto de duros ataques del diario El País.
Se descubrió que, aparte de que muchos de los bancos del consorcio estaban bastante mal gestionados, regía una filosofía impulsada personalmente por Jordi Pujol, consistente en ayudar a las empresas catalanas, de manera que cuando una tenía dificultades económicas, acudía a Banca Catalana solicitando crédito y aunque los informes técnicos fuesen negativos, Pujol obligaba a conceder la financiación solicitada, política que - como es natural - era un camino seguro para precipitarse al desastre, tal y como sucedió.
En octubre de 1984 se tomó declaración a Pujol en su residencia oficial, ante fiscales y abogados defensores, dando por conclusa la instrucción en mayo 1986 y un mes después se producía el procesamiento de los ex-consejeros, entre ellos Pujol, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Sin embargo, en noviembre de 1986, el pleno de la Audiencia de Barcelona estimó por mayoría de votos, que en el caso de Pujol no había indicios de criminalidad en su actuación, como vicepresidente ejecutivo de Banca Catalana y, en marzo de 1990, decretó el sobreseimiento definitivo del sumario para todos los demás, al no encontrar indicios de delito, pese a que consideró que la gestión fue imprudente e incluso desastrosa
Según la memoria del Fondo de Garantía de Depósitos, el coste del saneamiento de la entidad y los bancos relacionados con ella, arrojó la cifra total de 3.000 millones de euros, que como siempre sucede en este país, fue costeado por todos los españoles.
Pocos años más tarde, se ha sabido la clase de sujeto, que era el tal Pujol.
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