Al grito de; “Aquí vivimos, aquí decidimos" y empujados por el temor a que el petróleo acabase con su preciado modelo turístico y su no menos importante equilibrio ecológico, miles de ciudadanos salieron a la calle en todas las Islas Canarias para expresar su rechazo a las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno central, y para exigir, también, su derecho a decidir.
Por ejemplo en Lanzarote, entre 30.000 y 35.000 personas, según la Policía local de Arrecife, secundaron esta manifestación, que aseguran ha sido la más numerosa de la historia de la isla, y contó con la presencia del presidente del Cabildo y de varios alcaldes de la isla.
Las prospecciones, que pretendía llevar a cabo Repsol, fueron aprobadas por el Gobierno central en marzo de 2012, y desde entonces la oposición ciudadana al proyecto no hizo más que crecer. El Tribunal Constitucional, decidió suspender la consulta que había convocado el gobierno canario porque se trataba de un referéndum que invadía competencias del Estado.
La última gran protesta contra los planes de Repsol se produjo en marzo de 2012, poco después de que el Consejo de Ministros autorizara las prospecciones y la tramitación siguió su curso. Medio Ambiente emitió declaración de impacto ambiental favorable para realizar tres sondeos a unos 60 kilómetros de la costa, lo que en la práctica significa que, a la espera de la última autorización del Ministerio de Industria, Repsol tenía vía libre para iniciar los trabajos.
La probabilidad de que se produzca un accidente en estos sondeos es “extremadamente baja”, según el secretario de Estado de Medio Ambiente, que sin embargo reconoció que “el riesgo cero no existe”.
Las autoridades canarias estaban radicalmente en contra del proyecto de Repsol, porque aseguraban que ponía en peligro la riqueza medioambiental de las islas y su principal sector económico, el turismo.
El Gobierno canario, como los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote iniciaron acciones legales para intentar paralizar las prospecciones, la última de ellas la presentó el Cabildo de Lanzarote al denunciar a un subdirector de Medio Ambiente, por falsificar, supuestamente, un informe oficial que formaba parte de la documentación presentada durante la evaluación ambiental de proyecto.
La intención de Repsol de buscar petróleo en Canarias se remonta a 2001, cuando el Gobierno le concedió un primer permiso de exploración. El Tribunal Supremo lo paralizó en 2004, pero la empresa subsanó posteriormente las deficiencias de la evaluación ambiental y le fue concedido de nuevo.
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