viernes, 10 de febrero de 2023

El matrimonio Pujol-Ferrusola ante la Audiencia Nacional

 

Tal día como hoy, 10 de febrero 2016, Jordi Pujol i Solei y su mujer Marta Ferrusola acuden a la Audiencia Nacional  por primera vez  para dar  explicaciones sobre su fortuna en Andorra.. 

Tras el juicio, el matrimonio queda en libertad, pero el juez José de la Mata, le retira el pasaporte a su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, y le prohíbe salir de España. El juez José de la Mata citó a la pareja en calidad de imputados por un delito de blanqueo de capitales.

El expresidente catalán Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola acudieron por primera vez a la Audiencia Nacional para dar explicaciones sobre su fortuna en Andorra ante las dudas de que proceda de una herencia o de "los ingresos ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años".

Ante estas sospechas, y tras hacerse cargo de la investigación al matrimonio que instruía un juzgado de Barcelona, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata citó para el próximo miércoles al expresidente catalán Jordi Pujol Soley y a su mujer Marta Ferrusola Lladós en calidad imputados por un delito de blanqueo de capitales.

Su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, al que el juzgado de De la Mata comenzó a investigar en 2012 a raíz de una denuncia su exnovia sobre sus viajes a Andorra con mochilas llenas de billetes de 500 euros, también fue sido llamado a declarar, con lo que será la segunda vez que acuda a la Audiencia Nacional por este caso.

Antes de estas comparecencias, el juez tiene previsto interrogar a cuatro testigos: los empresarios Sebastián Vives Sancha, Manuel José Nadal Pellejero, José Ramón Ruiz Carrero y Javier Vizcaíno Muñoz. De la Mata les citó a todos ellos el pasado 30 de diciembre al constatar que los miembros de la familia Pujol-Ferrusola "han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos, y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos".

Cree por ello que el clan familiar actuaba como una organización para ocultar su fortuna y que existía "un acuerdo entre las partes para atribuir a Jordi Pujol Ferrusola el rol de gestor y distribuidor de los recursos entre los hermanos y su madre".

Estos fondos se recibían en muchos casos en efectivo (dotándoles así de un primer nivel de opacidad) en cuentas abiertas en una jurisdicción extranjera, cuya existencia se ha negado reiteradamente y se ha tratado de mantener oculta, destacaba De la Mata. Todas estas conclusiones las extrajo tras conocer el resultado de la comisión rogatoria cursada a Andorra en el marco de la investigación al primogénito y en la que el pasado noviembre De la Mata imputó también a sus hermanos Pere y Josep Pujol.

Por ello, decidió finalmente llamar a declarar a sus padres tras aceptar la competencia de la causa de la que se inhibió el pasado 4 de diciembre el juzgado de instrucción 31 de Barcelona y en la que estaban ya imputados el expresidente catalán, su mujer y cuatro de sus siete hijos -Jordi, Marta, Mireia y Pere-.

El principal motivo por el que citó al matrimonio es que el comunicado público que hizo el expresidente catalán en julio de 2014, asegurando que su fortuna en Andorra respondía a una herencia de su padre, Florenci Pujol, "no se compadece con los datos ahora acreditados".

Además, el juez considera que esa versión entra también en contradicción con lo que declararon los miembros de la familia en Andorra, donde dijeron que se trataba de una herencia de la rama familiar de Marta Ferrusola.

Según De la Mata, "no consta negocio jurídico alguno que justifique esos incrementos patrimoniales. Al contrario, existen operaciones financieras anómalas y movimientos financieros que, por tratarse de efectivo, ponen de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias", por lo que les pedirá explicaciones.

Además, muchas de las empresas que suscribieron tales contratos tienen en común que han sido y son adjudicatarios de contratos de servicios y obras públicas.

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