El desastre del Prestige fue un derrame de petróleo provocado por el hundimiento de este buque petrolero en 2002 y el accidente afectó a 2000 kilómetros de costa española, francesa y portuguesa.
El 13 de noviembre de 2002, el petrolero monocasco Prestige se accidentó en una tormenta frente a “la Costa de la Muerte” - Galicia - cargado con 77 000 toneladas de fuelóleo y tras varios días de maniobra para alejarlo de la costa gallega, se acabó hundiendo a unos 250 km de la misma.
El vertido causó una de las catástrofes medioambientales más grandes de la historia de la navegación, tanto por la cantidad de contaminantes como por la extensión del área afectada, comprendida desde el norte de Portugal hasta las Landas de Francia, habiendo sido considerado el accidente más caro de la historia, pues la limpieza y el sellado del buque tuvieron un coste de 12 000 millones de dólares, solo detrás de la explosión del Challenger y el accidente de Chernobyl
El episodio tuvo una especial incidencia en Galicia, donde causó además una crisis política y una importante controversia en la opinión pública.
El 13 de noviembre de 2013, la Audiencia Provincial de La Coruña resolvió la causa sin culpables, pues ninguno de los acusados lo fue por delito ecológico y se condenó al capitán del barco, por un delito de desobediencia grave a las autoridades españolas durante las operaciones de rescate, que le supuso una condena a nueve meses de cárcel por la que nunca entró en prisión.
Sin embargo, la Audiencia consideró probado que el petrolero estaba en malas condiciones y que nunca tendría que haber obtenido permiso para navegar, y dictaminó que “solo se podrá exigir responsabilidad civil” a American Bureau of Shipping y a la armadora Universe Maritime, que no se consiguieron enjuiciar porque entonces la ley no contemplaba responsabilidad penal alguna a personas jurídicas, lo que imposibilitó llevarlas a juicio, aunque se buscaba determinar quién debía asumir la responsabilidad civil del accidente y hacer frente a las indemnizaciones multimillonarias.
Pero, puesto que no existió responsabilidad penal por parte de los acusados, no existía un responsable civil a quien pedir el pago de los daños de la catástrofe, estimados en unos 4300 millones de euros, y la única indemnización que se pagó fueron 171 millones del “Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la Contaminación por Hidrocarburos”, así como 22 millones de euros que depositó la aseguradora del barco como fianza civil antes del juicio.
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