La Ley del candado, es el término coloquial, que también utiliza la historiografía, para designar a una ley de diciembre de 1910, promovida por el presidente del Consejo de Ministros español, José Canalejas, que prohibía durante dos años el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España.
Canalejas, de orientación liberal progresista, pretendía mitigar la confesionalidad católica consagrada en la Constitución de 1876, al tiempo que frenar el creciente anticlericalismo, de amplias capas sociales, reforzando el carácter laico del Estado. Ante la negativa papal a negociar el Concordato de 1851, optó por limitar unilateralmente, la actividad de las órdenes religiosas.
La política religiosa, fue una de las prioridades, del gobierno de José Canalejas. El objetivo final de la misma, era lograr una separación "amistosa", de la Iglesia y del Estado "a la que Canalejas quería llegar a través de negociaciones, llevadas lo más discretamente posible". El problema fue, que el Vaticano, no estaba dispuesto a modificar la posición de privilegio, que tenía la Iglesia Católica en España.
Para fortalecer la posición del Estado, Canalejas se propuso reducir el peso de las órdenes religiosas, mediante una ley que las tratara como asociaciones, excepto a las dos reconocidas en el Concordato de 1851. Mientras las Cortes, debatían la nueva ley, se aprobó en diciembre de 1910, una disposición transitoria y temporal conocida como "Ley del Candado" según la cual, no se podrían establecer nuevas órdenes religiosas en España, durante los dos años siguientes.
Pero la ley, quedó prácticamente sin efecto, al aprobarse una enmienda según la cual, si pasados dos años, no se había aprobado la nueva ley de asociaciones, se levantaría la restricción. Y eso fue lo que acabó sucediendo, pues esa ley nunca vio la luz y el número de religiosos, siguió creciendo.
A pesar de todo Canalejas, devoto católico, fue considerado el enemigo de la religión católica, en un momento en que se vivía bajo la conmoción producida, por la revolución portuguesa de 1910, que había acabado con la Monarquía y proclamado la Primera República Portuguesa.
A Canalejas, se le acusó de pretender descatolizar España y de estar al servicio de la masonería. En la campaña contra él, tuvo un especial protagonismo la recién creada Asociación Católica Nacional de Propagandistas, encabezada por el abogado y periodista Ángel Herrera Oria, y su periódico El Debate.
La campaña católica, se inició antes incluso de la discusión y aprobación de la "Ley del Candado", ya que comenzó en junio de 1910, con motivo de la aprobación por el gobierno, de una norma que permitía, a las confesiones no católicas, exhibir algún signo externo en sus templos, que los reconociera como tales.
La confrontación, entre el gobierno y la Iglesia Católica fue tan intensa, que España llegó a retirar a su embajador, ante la Santa Sede.
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