La Constitución de 1931, durante la II República española, proclamaba que : “La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para uno y otro sexo, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges con alegación en este caso de justa causa”.
Hasta entonces, el matrimonio y el divorcio se regía por el Código Civil de 1889, que afirmaba: “El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges.” y por lo tanto, la Ley de Divorcio suponía una importante novedad legal, ya que, según los republicanos era “una de las leyes que más contribuirán a la liberación de la mujer de la tiranía, a que había estado sometida en la monarquía”.
Teniendo presente que la nueva Constitución admitía el divorcio, el 4 de diciembre de 1931 el ministro de justicia Álvaro de Albornoz, presentó a la Cámara el proyecto de ley, para someterlo a discusión durante el mes de febrero y el día 3 de dicho mes, comenzó el debate, perfilándose dos claras tendencias en la Cámara, una a favor y otra en contra de la Ley.
Se presentaron varias enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas y también a un artículo de especial importancia, el tercero, que trataba de las causas del divorcio, en el que la Ley intentaba que los dos cónyuges aparecieran en pie de igualdad, ya que en todo el texto legal, había un intento de tratar por igual a los dos sexos o, en todo caso, de favorecer a la mujer, que podía verse, más perjudicada que el varón por el divorcio.
Después de largos debates, el 24 de febrero quedó aprobado el dictamen de la Ley y al día siguiente, 25 de febrero se procedió a su aprobación definitiva, con 260 votos a favor y 23 en contra.
En 1936, el índice de divorcios en España era de 165 por cada mil matrimonios, por tanto, se puede afirmar que la Ley no dio lugar a una crisis de la institución familiar, tal como habían advertido algunos, sino que el uso moderado que se hizo de ella, pareció confirmarla como válvula de seguridad para matrimonios rotos, y permitir establecer las condiciones para emprender una nueva experiencia matrimonial.
Sin embargo, la Ley tuvo una importancia fundamental desde el punto de vista ideológico, al presentarse como una defensa de la mujer -aunque los autores católicos defendían todo lo contrario - y un paso adelante en el camino por la igualdad de derechos de los sexos, hasta el punto, que fue considerada, en su época, como la Ley más progresista de Europa.
El 23 de septiembre de 1939, esta ley fue deroga por el régimen franquista, y declaras nulas todas las sentencias de divorcio, a instancia de una de las partes.
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