En diciembre del año anterior, el gobierno tras conocerse que el salario de un controlador rondaba de media los 350.000 euros anuales, reguló el convenio de estos y a partir de ese momento, las diferencias entre controladores y administración fueron constantes, siendo acusados de desarrollar huelgas encubiertas en los periodos vacacionales para ejercer presión.
Ante la amenaza de los controladores de continuar en una escalada de paros, el gobierno aprobó, mediante decreto ley, el cómputo anual de horas de trabajo efectivo y ellos presionaron al objeto de que se computase como jornada efectiva las bajas, pero la normativa aprobada excluyó los permisos sindicales, las guardias obligatorias, cursos, licencias y ausencias por incapacidad laboral, y permitía a Defensa hacerse cargo del control aeroportuario en caso de militarización.
El 3 de diciembre, un número importante de controladores comenzó a no acudir al trabajo o a retirarse de sus puestos, alegando encontrarse enfermos y la tarde de ese día, el Presidente del Gobierno, propuso la procedencia de declarar el estado de alarma, que permitiría poner a disposición judicial a los que no acudieran a trabajar, pudiendo ser acusados de un delito y acordó el traslado de efectivos militares a los centros de control de Sevilla, Madrid, Barcelona y Canarias para garantizar su funcionamiento.
La mayor acción de los controladores se produjo el día en que se iniciaba en el país un periodo vacacional desde el 3 hasta el 8 de diciembre, lo cual afectó a unos 673.000 pasajeros, pues conforme avanzaba la noche prácticamente, quedaba cerrado todo el espacio aéreo español, con un número de cancelaciones de vuelos de 4.510.
Ante la situación creada, el Consejo de Ministros extraordinario del 4 de diciembre, acordó declarar el estado de alarma que permitía movilizar a los controladores, por lo que no acudir a trabajar o no realizar su labor, podía considerarse delito, penado en el código penal militar y los controladores empezaron a recibir un burofax oficial comunicándoselo, mientras varios controladores declararon que trabajaban en condiciones de "esclavitud" y que las ausencias se debieron a que "la gente estaba hecha polvo y desmoralizada”.
No obstante, a partir de las 14:00 horas del 4, comenzaban a regresar a sus puestos de trabajo, reabriéndose el espacio aéreo poco antes de las 16:00 horas, y el día siguiente, la totalidad de los aeropuertos operaban con normalidad bajo la supervisión de personal militar, considerándose el 9 completamente restablecidos los servicios,
Las compañías aéreas evaluaron el coste del conflicto entre 60 y 80 millones de euros diarios, sin incluir atenciones a los viajeros, devolución de los billetes y gastos de vuelos alternativos.
El 15 de diciembre, el Congreso de los Diputados prorrogó hasta el 15 de enero de 2011 el estado de alarma, pero fue levantado tras considerar el gobierno que la crisis había terminado y la situación había regresado a la normalidad.
Terminado el período de negociación sin acuerdo, se decretó un laudo arbitral obligatorio, que fijó la jornada laboral en 1710 horas, incluyendo las de formación y ajustó el salario medio a 200.000 euros anuales.
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