Tal día como hoy 16 de julio de 1834, en España, mediante un decreto de la reina María Cristina, se pone fin a la existencia del Tribunal de la Inquisición.
A pesar que el espíritu de este tribunal eclesiástico solo tenía competencia sobre los bautizados y desde su escudo promovía la reconciliación con los arrepentidos, el Santo Oficio extendió su práctica hasta comprometer a miembros de otras religiones, con una vehemencia fanática que poco tenía de reconciliatoria y menos aun de piadosa.
La inquisición fue creada por una bula papal de Lucio III, Ad abolendam, promulgada en el siglo XII, a fin de combatir la herejía albigense, un movimiento gnóstico maniquea que afirmaba una dualidad creadora y predicaba la salvación por el ascetismo.
En España la persecución de los herejes fue tomada muy seriamente durante el reinado de Fernando III de Castilla, rey que se tomaba la molestia de ser él mismo quien marcaba a fuego a aquellos que incurriesen en herejías… Y vale comentar que muchos de los cientos de herejías que reconoce la Santa Inquisición son detalles teológicos, discusiones bizantinas como la existencia de la Santísima Trinidad o la virginidad de María, a las que hoy nadie prestaría atención, y que entonces podrían costarle la vida o la permanencia en cárceles que tenían mucho de infernales.
En la Península Ibérica coexistían con poca armonía católicos, musulmanes y judíos. Allí la inquisición sirvió para aumentar la tensión entre los habitantes. Desde finales del siglo XIV imperó un espíritu antisemita, alentado por funcionarios y religiosos. El pogromo más antiguo del que se tenga memoria, ocurrió en Sevilla en 1391, y pronto se extendió a otras ciudades. Esta persecución generó una corriente de “cristianos nuevos”, judíos conversos que ocultaban su condición tras una nueva fe, muchas veces impostada.
Isabel la Católica estaba dispuesta a acabar con los falsos conversos que continuaban con sus prácticas judaizantes y encomendó la tarea al dominico Tomás de Torquemada quien, curiosamente, tenía ascendencia judía. El Papa Sixto IV promulgó la bula “Exigit sincerae devotionis affectus”. Según este texto, quedaba en manos de los monarcas españoles el nombramiento de los inquisidores. El primer acto de fe se celebró en Sevilla en 1481, circunstancia en la que fueron quemadas vivas 6 personas que no estaban dispuestas a renunciar a su fe. Pronto este espectáculo se repetía en otras ciudades españolas, ante una enorme concurrencia que asistía entusiasmada al acto de fe.
La Inquisición fue vehículo de traiciones y venganzas, que servían a los intereses de la corona. Las injusticias eran tan notables que surgió una revuelta en Teruel. Durante los desmanes, se asesinó al inquisidor Pedro Arbúes, quien fue considerado un mártir y santo, y se desató una represión violenta entre las familias judeocristianas. Esto movilizó la salida de decenas de miles de judíos de España que emigraron a Portugal, a Marruecos y al nuevo mundo. Mas de 40.000 aceptaron bautizarse. Los actos de fe se multiplicaron y llegaron a quemar más de 30 “marranos” en un solo día. Estos, para llegar a la hoguera, pasaban indecibles tormentos con la intención de convertirlos a la verdadera fe.
Con Carlos I existió la esperanza de terminar con la inquisición, pero el peligro de la herejía protestante dio por tierra con esta esperanza, más cuando su hijo Felipe II, dio prioridad a la Inquisición, no solo como órgano represor sino censurando nuevas ideas que tuviesen cierto tufillo a hereje.
Durante el Siglo de Oro, casi todos los grandes escritores hispanos debieron dar cuenta de sus textos ante la Inquisición, que siempre tenía alguna observación. Todo lo que se movilizó alrededor del Santo Oficio, asistió a crear la leyenda negra española, fogoneada por los protestantes ingleses quienes también recurrieron al fuego redentor en sus disputas teológicas.
El advenimiento de los liberales españoles, frenó la expansión de la Inquisición, que volvió con menos bríos bajo el gobierno de Fernando VII. Muerto éste, su esposa buscó el apoyo de los liberales, ya que la aristocracia favorecía las aspiraciones al trono de Carlos, el hermano de Fernando.
En julio de 1834, al inicio de la Regencia de María Cristina de Borbón, el gobierno liberal moderado de Francisco Martínez de la Rosa aprobó un decreto cuya disposición primera decía: “Se declara suprimido definitivamente el Tribunal de la Inquisición”.
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