Doce años antes, en 1962 , con un capital de 15 millones de pesetas, Eugenio Peydró constituía en Madrid "Sofico", cuyo objetivo principal era construir, vender y arrendar apartamentos en la Costa del Sol.
Poco más tarde, se creó “Sofico Inversiones” para captar dinero por el que pagaban intereses de un 12% que eran invertido en apartamentos ya construidos, los cuales se ponían a nombre del comprador, pero eran alquilados y administrados por Sofico.
La transacción se hacía sobre planos, cobrándose cantidades a cuenta y en ocasiones todo el precio, de forma que los futuros propietarios financiaban la construcción cuando aún no habían comenzado las obras y, con frecuencia, ni se había tan siquiera adquirido el solar, por lo que los apartamentos eran ficticios.
Llegó un momento, en que por este sistema no se reunía ni el dinero necesario para pagar los intereses prometidos a los inversores y Sofico tuvo que vender más apartamentos sin construir, para poder pagar la rentabilidad del 12%, lo que agravó el problema, hasta proporciones gigantescas.
La empresa, para aparentar solidez, se valió de personalidades de relieve político y social – generales, ex ministros y magistrados - para el consejo de administración del Grupo, que eran todos ellos “hombres de paja” cuya misión consistía solo en dar una imagen de solvencia.
No obstante, en 1974 el sistema no podo mantenerse y dejó de pagar la rentabilidad comprometida, por lo que se denunció el hecho y el proceso, con dos jueces especiales – uno penal y otro civil - se inició de inmediato, decretándose la prisión incondicional de sus dos máximos responsables, aunque pocos meses después fueron liberados.
En 1987 - trece años después de iniciado - tuvo lugar el juicio, quedando fuera de cualquier responsabilidad, todos los altos cargos del régimen franquista cuyo procesamiento no fue autorizado por el Tribunal Supremo.
Eugenio Peydró considerado el único responsable, fue condenado a nueve años de prisión y su hijo como cómplice, a dos años y cuatro meses y ambos al pago de unos 5.000 millones de pesetas de indemnizaciones, a los que, naturalmente, no pudieron hacer frente.
Sin embargo, ninguno de los dos condenados fue a la cárcel, pues recurrieron la sentencia, ni tampoco pagaron las indemnizaciones.
Una de las mayores estafas financieras del franquismo, quedó prácticamente impune y, en mayo de 1991, el Tribunal Supremo puso fin al caso, confirmando la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró únicos responsables a Eugenio Peydró Salmerón, ya fallecido, y a su hijo.
Diecisiete años después de la suspensión de pagos del grupo del “caballito de mar”, se dio por terminado judicialmente el escándalo, el cual dejó una deuda de 8.200 millones de pesetas y a miles de personas engañadas y estafadas.
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