El denominado “Expediente Picasso”

Tal día como hoy, 4 de agosto de 1921:El general de división Juan Picasso González, es nombrado juez instructor para esclarecer, los hechos del Desastre de Annual. 

El Expediente Picasso es el nombre, con el que se conoce al informe redactado por el general Juan Picasso, destinado en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, máximo órgano de la jurisdicción militar, en relación con los hechos acontecidos, en la Comandancia General de Melilla, en los meses de julio y agosto de 1921, 

El 4 de agosto de 1921, mediante Real Orden, el ministro de la Guerra nombró al general de división Juan Picasso González juez instructor, para investigar y depurar las responsabilidades militares, de la Comandancia General de Melilla, tras la grave derrota en la Guerra del Rif que  sacó a la luz, la corrupción, la falta de preparación y las erróneas decisiones, del alto mando militar, lo que provocó una enorme crisis política, en España y precipitó el golpe de Estado, de Miguel Primo de Rivera en 1923

Durante nueve meses, Picasso recopiló testimonios y pruebas, dando lugar al histórico informe conocido, como el Expediente Picasso. Este documento de 2.433 paginas el conservador José Sánchez Guerra, decidió entonces llevar el Expediente Picasso al Congreso de los Diputados, donde se formó en julio de 1922 una primera Comisión, de Responsabilidades. 

Esta presentó su dictamen, (en realidad fueron tres) a las Cortes en noviembre, dando lugar a un intenso debate. De hecho durante ese tiempo, el Expediente se convirtió en el problema político, más importante del país.

En julio de 1923, se formó una segunda Comisión de Responsabilidades, que no pudo emitir ningún dictamen, porque se lo impidió el golpe de Estado, de Primo de Rivera de septiembre de 1923. Primo de Rivera, cerró las Cortes y dio carpetazo al Expediente.

La Segunda República Española, proclamada en abril de 1931, volvió a formar una nueva Comisión de Responsabilidades, que se centró en la actuación del exrey Alfonso XIII, que fue condenado in absentia, por "alta traición" en noviembre de 1931.

Las nuevas Cortes, surgidas de las elecciones de noviembre de 1933, con mayoría del centro y de la derecha, pasaron el asunto al Tribunal Supremo, pero este dictaminó el 9 de julio de 1935, el archivo de la causa, porque no se apreciaban más hechos punibles, que los ya juzgados (la única sentencia dictada por el "Desastre de Annual" había sido, el arresto militar de seis meses, del general Dámaso Berenguer).

Sobre las posibles responsabilidades políticas, el Supremo concluyó, que las únicas que pudieran derivarse estarían sujetas “al juicio de la historia, y eran sólo exigibles por la opinión pública y  por medio, de sus órganos representativos”.

Aquí acabó el recorrido judicial (y político), del Expediente Picasso, es decir, como casi siempre sucede, en esta España nuestra, todo quedó, en nada...