El llamado “caso Guerra” fue un asunto en el que se acusó de corrupción al hermano del entonces vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra, el cual en 1989 había sido contratado para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía, como asistente de su hermano, pero según algunos medios, el despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas.
En Sevilla - en donde de todo se hace chiste - las actividades de Juan Guerra en su despacho, donde se hallaba sin nombramiento oficial ni misión definida, eran comentarios de calle, llamándole popularmente “el conseguidor”, pues no se ocultaba ante potenciales clientes, insinuando que podía conseguir todo tipo de gestiones, gracias a su condición de asistente de Alfonso Guerra
Era este el comienzo del primer gran escándalo de corrupción de la democracia, que terminaría un año después con la dimisión o cese – nunca se supo - del vicepresidente del gobierno, pues las informaciones ponían de relieve, que Juan Guerra por sus mediaciones ante las Administraciones públicas, recibía comisiones en efectivo, sin que mediaran recibos.
Las operaciones se formalizaban – según dichas fuentes - en el Despacho de la Delegación del Gobierno y se cobraban en sobres en el “Bar Citroën” habitual entre funcionarios y parroquianos del entorno.
Incluso surgieron truhanes - seguramente herederos del Patio de Monipodio – que ofrecían la resolución de tal o cual expediente, mediante los buenos oficios de Juan Guerra.
El escándalo adquirió proporciones descomunales, aunque en vista de lo que hoy sucede, las dádivas no pasarían de ser simples limosnas, pues se hablaba de entre 25.000 y 300.000 pesetas, según la operación.
En 1995, Juan Guerra fue condenado por un delito de fraude fiscal junto con un socio a penas de un año de cárcel - no ingresando en prisión al carecer de antecedentes penales - y a multas de 150.200 y 210.000 euros respectivamente, siendo absuelto por “falta de pruebas”, en otros cuatro sumarios por el uso del despacho en la Delegación del Gobierno en Andalucía.
En el año 2001, el Tribunal Constitucional estimó un recurso de amparo presentado por Juan Guerra y en la sentencia, el magistrado Jiménez de Parga - en voto particular - denunció que el hermano del ex vicepresidente había sido víctima de un "proceso inquisitorial", con una instrucción judicial "cuasi demoníaca" y una investigación dirigida "contra su persona con noticias vagas e imprecisas".
Los medios jamás se disculparon por las múltiples acusaciones vertidas, ni Juan Guerra recibió indemnización alguna y para una gran parte de la opinión pública, todo quedó en dudas.
Otro misterio más, de esta España de pandereta...
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