El motivo fue que poco antes, un grupo de campesinos indígenas de varias aldeas, junto a estudiantes universitarios, ocuparon pacíficamente las instalaciones de la Embajada, con el fin de llamar la atención sobre las matanzas que cometía el ejército guatemalteco y denunciar la represión de sus comunidades, en el altiplano del país.
Tras negociar con los ocupantes y llegar a acuerdos, el embajador español Máximo Cajal intentó comunicarse por teléfono con funcionarios guatemaltecos, principalmente el ministro de Gobernación, para solicitar el repliegue de las fuerzas policíales que cercaban la sede diplomática.
Se encontraba todavía negociando una salida para los ocupantes, cuando el presidente de Guatemala, general Romeo Lucas García, dio órdenes de desalojar la legación, "a como diera lugar".
Las fuerzas de seguridad irrumpieron en el recinto causando 37 fallecidos, incluyendo el cónsul español, un ex vicepresidente de Guatemala, un ex canciller guatemalteco y el padre de la Premio Nobel Rigoberta Menchú, líder de los indígenas ocupantes.
El gobierno español evacuó al Embajador y rompió relaciones diplomáticas con el país.
Durante los siguientes años, comisiones de investigación llegaron a la conclusión de que las víctimas habían muerto por quemaduras de granadas de fósforo blanco, lo que evidenció que la Policía de Guatemala era la responsable de lo ocurrido y no los ocupantes.
En septiembre de 1984, ambas naciones reanudaron relaciones diplomáticas, aunque las dos se habían comprometido a llevar a los tribunales a quienes ordenaron y realizado la matanza.
El 1 de octubre de 2014 en la ciudad de Guatemala, se inició el juicio contra el exjefe de la extinta Policía Nacional, Pedro García Arredondo, por la muerte de las 37 personas, como resultado del incendio de la embajada de España en 1980.
García Arredondo fue el único enjuiciado, ya que muchos de los presuntos autores intelectuales y de los participantes habían fallecido, siendo condenado a 90 años de prisión.
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