Nada ablandó el alma de Franco, ni la presión internacional, de gobiernos europeos y americanos, del Vaticano, de la ONU, intelectuales franceses como Jean Paul Sartre- ni el clamor de las familias, pues en la mañana del 27 de septiembre morían fusilados, los últimos cinco por el régimen.
Los ejecutados fueron tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) -José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla, y Ramón García Sanz, y dos más de ETA Político-Militar -Juan Paredes Manot, Txiki, y Ángel Otaegui.
El primero había sido condenado por un delito contra fuerza armada con resultado de muerte, la de un policía armado, en el transcurso de una manifestación convocada en Madrid. Los otros dos miembros del FRAP, por el atentado con resultado de muerte contra un teniente de la Guardia Civil.
El primero de los etarras fue condenado por la muerte del cabo de la policía armada durante un tiroteo en un robo a un banco en Barcelona y su compañero, finalmente, por un delito de terrorismo por el asesinato de un cabo de la Guardia Civil, cometido en Azpeitia (Guipúzcoa).
Los cinco fueron sometidos a consejos de guerra sumarísimos y condenados a muerte y justo un día antes, el Consejo de Ministros había perdonado a otros seis de sus compañeros, trocando su pena capital por una condena de 30 años de prisión.
El Gobierno se dio por "enterado" de las ejecuciones para los demás, que era la eufemística forma con la que denegaba un indulto. La orden de ejecución estaba firmada para el día siguiente.
La ejecución de Paredes se llevó a cabo en Barcelona, la de Otaegui en Burgos y las tres restantes, en Hoyo de Manzanares (Madrid).
De estas últimas son de las que trascendieron algunos detalles, como que tuvieron lugar por la mañana, a cargo de tres pelotones -cada uno compuesto por 10 agentes y dos oficiales, todos voluntarios- y sin presencia de los familiares.
Todo esto lo contó, tres años después, pasada la censura, el periodista José María Izquierdo.
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