Con motivo del déficit producido por la participación española en conflictos bélicos, se creó en 1780 el “vale real”, un título de deuda pública puesto en circulación durante el reinado de Carlos III, con la intención de hacer frente al déficit de la Hacienda Publica, provocado por la intervención de la Monarquía borbónica a favor de los rebeldes en la Guerra de Independencia de Estados Unidos.
La iniciativa de crear tales vales, fue del banquero Francisco Cabarrús, financiero de origen francés y naturalizado español, cuyas cualidades para las finanzas y su visión de la sociedad ilustrada, le granjearon la amistad de políticos como Jovellanos, Floridablanca o Aranda.
A Cabarrús se debió la idea de emitir estos vales, para hacer frente al grave déficit de la hacienda de Carlos III, los cuales eran títulos de deuda, que ofrecían un 4% de interés anual y un plazo de amortización de veinte años, pudiendo además tener el valor de papel moneda, si bien esta función estaba limitada, pues los comerciantes podían negarse a aceptarlos y no podían pagarse con ellos ni sueldos ni pensiones.
Cuando en 1783 acabó la guerra norteamericana, los intereses de la deuda mediante vales, ascendían a 18 millones de reales y para poder hacer frente a los mismos y a las amortizaciones del capital invertido, no se creó en su día ningún fondo ni reserva especial, por lo que hubo de atenderse exclusivamente con los ingresos procedentes de los impuestos ordinarios.
Con Carlos IV, la Monarquía continuó envuelta en guerras que aumentaron el déficit de forma imparable, llegando a los 2.767 millones de reales, el cual no pudo reducirse ni mediante subsidios exigidos a los pueblos, ni con donativos de la Iglesia, por lo que se recurrió a nuevas emisiones de vales, con resultados aún más catastróficos, pues el déficit aumentó en un 40% y se provocó la depreciación de los anteriormente emitidos.
Ante el gigantesco problema planteado, el Secretario de Estado de Hacienda, Cayetano Soler, creó en febrero de 1798 una “Caja de Amortización”, separada de la Tesorería de Hacienda, cuyos ingresos se destinarían al pago de los vales y sus intereses.
El mal radicaba en que no se habían previsto fuentes de financiación y además, poco después se produjo la caída de Manuel Godoy y el nuevo gobierno tuvo que afrontar la bancarrota de la Hacienda Real, por lo que a la desesperada, se recurrió a la apropiación por el Estado de bienes "amortizados" para su posterior venta y con ella efectuar el pago de la deuda, aunque estas medidas no consiguieron resolver el problema, alcanzado la deuda en 1808, más de 7.000 millones de reales.
En marzo de 1811, las Cortes de Cádiz decidieron asumir la gigantesca deuda en lugar de declararse en bancarrota, por lo que se aprobó desamortizar más bienes de la Iglesia, para ponerlos a la venta.
Pese a que para ello se dictó el decreto de 13 de septiembre de 1813, este apenas pudo aplicarse debido al retorno de Fernando VII y la reimplantación por este del Estado absoluto.
Como podemos ver con este ejemplo inmediato, nuestro país arrastra desde hace siglos, una larga tradición como ejemplo de pésima administración, de la economía del Estado.
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