Los sucesos de Montejurra tuvieron lugar en los inicios de la Transición Española, durante los actos políticos que acompañaban el viacrucis anual que desde 1939 los carlistas llevaban a cabo en el monte navarro de Montejurra, en memoria de los requetés muertos en la Guerra Civil.
En el transcurso de esta romería, el denominado “búnker franquista”, que aún controlaba los resortes del Estado y los sectores ultraderechistas del carlismo, agrupados en torno a Sixto de Borbón, hermano del pretendiente Carlos Hugo, preparó una operación violenta contra los seguidores de este, para promover la "entronización" de Sixto como líder del carlismo.
En dicha operación, conocida como “Operación Reconquista”, en la que tomaron parte también mercenarios neofascistas italianos y argentinos, grupos armados partidarios de Sixto de Borbón abrieron fuego de forma premeditada, sin mediar provocación, contra los participantes en la romería, resultando muertos dos personas y hubo varios heridos.
A raíz de los incidentes, Sixto de Borbón fue expulsado de España, sin que siquiera se le tomase declaración judicial por su presencia en la escena de los crímenes y con posterioridad, y a requerimiento de la acusación llevada adelante por el Partido Carlista, fueron detenidas varias personas acusadas de homicidio.
La investigación terminó en el Tribunal de Orden Público, cuyo juez la cerró el 4 de enero de 1977 con el procesamiento de tres personas, como responsables de los asesinatos y como dirigentes de la acción violenta.
Los abogados de la acusación no lograron que testificara Manuel Fraga, ministro de la Gobernación, que el día de los sucesos se encontraba en viaje oficial a Venezuela y era sustituido por el ministro secretario general del Movimiento Adolfo Suárez González.
A estos crímenes les fue aplicada la Ley de Amnistía de 1977, y los acusados, sin haber sido juzgados, fueron liberados, al quedar extinguida su responsabilidad penal, como ocurrió con casos similares de ideología contraría ya que aquella amnistía había sido pactada al inicio de la transición al descartarse la fórmula de la ruptura.
En sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de noviembre de 2003 se reconoció a los dos asesinados la condición de "víctimas del terrorismo", remitiéndose a la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de 3 de julio de 1978, y se entregó a una de sus viudas la "Medalla de Oro" de Navarra.
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