El 30 de octubre de 1995, se realizó el segundo referéndum en la provincia de Quebec para preguntar a los votantes si deseaban separarse de Canadá y convertirse en un Estado independiente, a través de esta pregunta: ...¿Está usted de acuerdo con que Québec llegue a ser soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio, 1995?.
El referéndum de 1995 difiere del primer referéndum realizado sobre la soberanía en 1980, en que la pregunta proponía negociar "la soberanía-asociación" con el gobierno de Canadá, mientras que en 1995 la pregunta propone negociar la "soberanía", junto con una oferta de asociación opcional con el resto de Canadá.
El referéndum tuvo lugar en Quebec el 30 de octubre de 1995, y el movimiento de Quebec favorable a la separación de Canadá, fue derrotado por un margen muy estrecho de: 50,58% "No", 49,42% "Sí", 54 228 votos de margen.
En esta ocasión, en Otawa sonaron todas las alarmas. Canadá, uno de los países más prósperos del mundo, había estado a unos pocos miles de votos de romperse y fue entonces cuando el Gobierno Federal emprendió el camino que a la larga acabaría por blindar la unidad nacional del país.
El ejecutivo acudió al Tribunal Supremo, que en Canadá, como en muchos otros países, tiene funciones de interpretación de la Constitución -sin necesidad de un Tribunal Constitucional -, con el objetivo de que estableciera tanto las condiciones de un previsible tercer referéndum como las de un posterior proceso de secesión.
El fallo se conoció en 1998 y supuso el embrión de lo que dos años más tarde se conocería como “Ley de Claridad”, aprobada por el Parlamento nacional el 29 de junio de 2000, con la cual Canadá se convertía en el primer Estado democrático que preveía su propia divisibilidad.
Así, la llamada “Clarity Act”, aceptó que hay medios que un Estado democrático no debe emplear para retener contra su voluntad a una determinada población de una parte de su territorio. Pero también estableció las condiciones concretas para llevar a cabo un nuevo intento de secesión.
De modo que preguntas deliberadamente ambiguas como las de 1980 y 1995 quedaban excluidas de la nueva ley y a partir de ahora la Cámara de los Comunes habría de comprobar que la pregunta del referéndum resultara perfectamente clara, inteligible y abordara directamente la secesión.
La ley preveía igualmente qué elementos deberían figurar en una nueva negociación, tales como la repartición del activo y el pasivo o el establecimiento por de la Cámara de los Comunes de una mayoría clara, para dar por bueno el resultado, así como un porcentaje mínimo de participación.
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