Pinochet dio un golpe de Estado en Chile en septiembre de 1973 e instauró un régimen militar que perduró 17 años, siendo acusado de cometer numerosas violaciones de los derechos humanos.
Según informes internacionales, al menos 2.279 personas habrían sido asesinadas por razones políticas durante la dictadura militar y por lo menos 30.000 fueron torturadas por idénticos motivos.
En 1998 Pinochet ya había abandonado la Presidencia y en octubre se desplazó al Reino Unido para recibir tratamiento médico, siendo allí detenido en virtud de una orden internacional cursada por el juez Baltasar Garzón, siendo sometido a arresto domiciliario en la clínica y más tarde en su residencia particular.
La solicitud de extradición desencadenó una batalla legal de 16 meses en los juzgados y la Cámara de los Lores, el más alto tribunal del Reino Unido, implicando al Reino Unido, España, Chile y Bélgica.
En abril de 1999, la ex primer ministra británica, Margaret Thatcher visitó a Pinochet en su arresto domiciliario y el futuro Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, pidió al gobierno británico su liberación y regreso a su patria en lugar de ser extraditado a España.
Amnistía Internacional y la Fundación Médica para la Atención de las Víctimas de la Tortura, pidieron la extradición del general a España, mientras Chile retiró a su embajador en Madrid en protesta por la actuación Española.
Tras la práctica de pruebas médicas, el ministro del Interior británico, decidió en enero de 2000 que Pinochet no debía ser extraditado, lo que activó las protestas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y llevó a presentar un recurso que fue inadmitido.
A pesar de las protestas, Pinochet fue liberado y regresó a Chile el 3 de marzo de 2000, donde miles de personas se manifestaban a favor y en contra del antiguo dictador.
En marzo de 2000, el Congreso chileno aprobó una enmienda constitucional mediante la que se creaba la figura del "ex presidente", que le concedió inmunidad procesal y le garantizó una prestación económica a cambio de renunciar a su cargo de senador vitalicio.
Pinochet fallecería el 10 de diciembre de 2006 sin haber sido condenado por delito alguno, a pesar de que se llegaron a presentar más de 300 cargos criminales contra él.
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