El proceso, cuyo número era el 1001/72, sustanciado por el Tribunal de Orden Público, tuvo lugar en España durante la dictadura franquista y, se saldó, con la condena a prisión de toda la dirección del sindicato Comisiones Obreras.
El 24 de junio de 1972, la dirección de Comisiones Obreras, sindicato ilegal y principal opositor a la dictadura en el ámbito obrero, fue detenida en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón -Madrid- donde se encontraba reunida.
Permanecieron en presión preventiva hasta la celebración del juicio, más de un año después, los días 20, 21 y 22 de diciembre de 1973, coincidiendo su inicio con el asesinato del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, lo que originó la suspensión durante unas horas.
Los acusados, lo fueron por ser dirigentes de Comisiones Obreras, lo que equivalía a formar parte de una organización ilegal por su presunto vínculo con el Partido Comunista de España, lo cual suponía un caso claro de asociación ilícita, que entraba de lleno en las competencias del Tribunal de Orden Público.
Dicho Tribunal, también conocido como TOP, fue una instancia judicial especial existente en la fase final del franquismo, cuya misión fue la represión de las conductas que bajo ese régimen dictatorial eran consideradas delitos políticos.
Creado por ley en diciembre de 1963, sus funciones continuaron hasta el año 1977 con la finalidad de perseguir delitos cometidos en todo el territorio nacional, cuya singularidad era subvertir, en mayor o menor grado, los principios básicos del Estado.
El TOP, asumió algunas de las funciones del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y otras, que limitaban con las propias de la jurisdicción militar, ya que enjuiciaba delitos cometidos contra las Fuerzas Armadas.
El día 30 de diciembre de 1973, se anunciaron las condenas del “Proceso 1001”, cuya severidad se consideró relacionada con el asesinato de Carrero Blanco, siendo los diez miembros de la dirección de CCOO, conocidos como “los diez de Carabanchel”, condenados a prisión de entre 12 y 20 años, aunque al año siguiente, el Tribunal Supremo revisó las penas, rebajándolas considerablemente hasta 1 y 6 años las de mayor gravedad.
Poco después de la muerte de Franco, los encarcelados por el Proceso 1001 fueron indultados por el Rey Juan Carlos I.
La ley 52/2007, de Memoria Histórica, declaró que este Tribunal era ilegítimo, así como las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia.
Esta acción, fue una demostración más de la superioridad, tomada por el régimen para así demostrar que eran ellos y sólo ellos los que imperaban. Ahora no pasa nada de aquellas cosas: Pero no perdamos cuidado, que no nos faltan problemas.
ResponderEliminarConste, que lo que digo lo digo con toda mi buena razón. Ya que fui, de los primeros que perdió el 46 % de la pensión que me correspondía: Al aplicarme lo acordado en Pacto de Toledo. En vez de hacerme el promedio por los cinco últimos años, lo hicieron por los últimos ocho. Entre esa aplicación cinco años antes que tuve que jubilarme, el 46 % perdí.
Los políticos hacen los pactos y los ciudadanos los padecemos y no tiene caso quejarse de ello Mauel, porque a los politicos, los hemos elegido nosotros.
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