El 11 de octubre de 1968, la bandera de España era arriada por última vez y el día siguiente, en una ceremonia presidida por Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, Macías tomaba posesión de la presidencia de Guinea Ecuatorial y se proclamaba la independencia de este país africano.
El proceso de descolonización de la Guinea Española - la única colonia española en el África Negra - fue una muestra del autoritarismo franquista. Cuando todo el continente se empezaba a preparar para la descolonización, en los años cincuenta, España siguió llevando colonos, aumentó sus inversiones en el territorio, aseguró que todavía mantendría su presencia en la zona durante décadas, y para evitar interferencias de la ONU, proclamó a la isla de Fernando Poo "provincia española".
Tal y como lo había hecho el Portugal salazarista, los franquistas alegaban que España era un Estado repartido entre varios continentes y que no tenía colonias, sino "provincias africanas", y que por lo tanto, toda intervención de la comunidad internacional en este asunto era una injerencia intolerable.
Pero las presiones de la ONU no se detenían y por otra parte, la política de Autonomía estaba resultando cara para España que quería centrar sus esfuerzos económicos en los planes de desarrollo y el ministro de Exteriores, Fernando María Castiella, confiaba en que, si España otorgaba la independencia a la colonia, la ONU acabaría apoyándola en su litigio por la posesión de Gibraltar.
Pero no todo el mundo, del franquismo, estaba dispuesto a la descolonización. Carrero Blanco, y los altos cargos coloniales, querían dar la independencia a la parte continental de Guinea y mantener a Fernando Poo vinculado a España, mediante su conversión en un Estado Libre Asociado como Puerto Rico. Al fin, en Madrid, el sector partidario de la independencia unitaria se impuso.
En 1967, por sorpresa, el gobierno español anunció que concedería la independencia a la Guinea de forma inminente y para prepararla el gobierno español convocó una Conferencia Constitucional, la cual no estaba compuesta sólo por guineanos, sino integrada por una delegación española y una guineana.
Al fin, la delegación española impuso, que se aprobara una constitución que garantizara ciertos derechos a las minorías. En realidad, buena parte de la redacción del texto constitucional fue a cargo de técnicos de la delegación española pero ganó en las urnas, Francisco Macías, un candidato abiertamente antiblanco, que acusaba a sus adversarios de complicidad con los españoles.
Muchos funcionarios se quedaron, formalmente al servicio del gobierno del nuevo país, pero en realidad supeditados a las autoridades españolas. Incluso se quedaron dos compañías de la Guardia Civil, en teoría destinadas a garantizar la seguridad de todos y a las órdenes de Macías.
A finales de 1968 Macías empezó a pronunciar discursos antiespañoles y en marzo, tras un intento de golpe de estado del ministro de Exteriores, Atanasio Ndongo, la situación se deterioró y los partidarios de Macías empezaron a agredir a españoles y guineanos proespañoles.
Los residentes españoles se tuvieron que refugiar en los cuarteles de la Guardia Civil y el gobierno de Madrid recomendó a los españoles residentes en Guinea, que abandonaran el país y tan sólo se quedaron unos centenares.
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