El célebre proceso, en el que se juzgaba a dieciséis militantes de ETA por actos cometidos presuntamente a finales de la década de los sesenta, dio lugar a movilizaciones a las que se sumaron sectores sociales de la lucha antifranquista.
Los asesinatos que se juzgaban eran los del mando policial Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político Social de San Sebastián, el 2 de agosto de 1968, así como del guardia civil de Tráfico José Pardines y del taxista Fermín Monasterio.
El proceso, celebrado en la sala de justicia del Gobierno Militar de Burgos, duró seis días, del 3 al 9 de diciembre de 1970, y hoy se considera que fue una baza jugada por la dictadura no sólo con la intención de poner en el banquillo a ETA, sino también de hacer gala de su poder y amedrentar a quienes osaran seguir por la misma vía.
La reacción popular fue inmediata y provocó huelgas en todos los sectores sociales del país: trabajadores, estudiantes y ciudadanos paralizan el País Vasco y desde el resto de España hubo múltiples muestras de solidaridad, que convirtieron la causa en una protesta antifranquista, mientras, Europa se hacía eco de la revuelta y algunas delegaciones diplomáticas españolas, fueron atacadas.
El 4 de diciembre, el Gobierno instaura el estado de excepción en Guipúzcoa, que se extiende al resto del país diez días después, en tanto que los procesados son defendidos por abogados opositores al régimen, como Gregorio Peces-Barba, Juan Maria Bandrés y José Solé Barberá.
Para acabar de añadir más presión, dos días antes del inicio del juicio, ETA había reivindicado el secuestro del cónsul alemán en San Sebastián, Eugene Beilh, que finalmente fue liberado el día de Nochebuena.
La sentencia se publica el 28 de diciembre, día de los Inocentes de ese mismo año. En el pliego de 107 folios se condena a más de quinientos años de cárcel a quince de los encausados y a la pena de muerte a seis de ellos y solo una mujer, Arantxa Arruti, es absuelta.
La reacción diplomática no se hace esperar y el Gobierno recibe presiones de países como Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania Federal, Dinamarca, Bélgica, Austria, Suecia, Noruega, Irlanda, Venezuela o Chile, además del propio Vaticano.
La presión popular, y los cientos de peticiones de clemencia, incluida la del Papa, y la campaña de prensa internacional arrancan finalmente el indulto del dictador cuya figura, queda debilitada.
El 30 de diciembre, en su mensaje de fin de año, Franco anuncia: “... el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto, pese a la gravedad de los delitos juzgados en Burgos", siendo condenados a la pena inferior.
Con la llegada de la democracia y tras la ley de amnistía, los procesados fueron excarcelados en 1977.
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