En los últimos días del año 1932, los braceros del municipio de Castilblanco se encontraban movilizados por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, una sección de la socialista Unión General de Trabajadores, pues la fuerza que el sindicalismo anarquista estaba obteniendo en el mundo rural llevó a que, para no perder militantes, el sindicato socialista se radicalizase.
Tres huelgas se sucedieron los días 20, 30 y 31 de diciembre, siendo disuelta la primera por la Guardia Civil y la segunda pacíficamente, pero la tercera, terminó en el linchamiento brutal y salvaje de cuatro miembros del Instituto Armado - un cabo y tres guardias- que murieron intentando hacer cumplir la legalidad.
Hacia el mediodía del 31 de diciembre de 1931, unas 500 personas se agolpaban junto a la Casa del Pueblo, para iniciar una manifestación hasta llegar al ayuntamiento, la cual no había sido autorizada por el alcalde, Felipe Mangano López, miembro del Partido Republicano Radical, lo que llevó al edil a enviar al cabo de la Guardia Civil, para comunicar la prohibición a los jornaleros antes de que diera comienzo la marcha.
El cabo José Blanco, se dirigió a la Casa del Pueblo junto a tres agentes y una vez allí, se dispuso a comunicar la decisión del alcalde, con su fusil reglamentario al hombro, es decir, sin hacer uso de el para evitar encrespar los ánimos, mientras sus tres compañeros esperan a cierta distancia por si debían intervenir.
Los hombres congregados ante la Casa del Pueblo, contestaron al cabo con insultos, empujones y gritos y varias esposas de los congregados, que se encontraban detrás de los otros tres agentes, intentaron sumarse a la concentración, en cuyo momento, un guardia descolgó su fusil y con él en paralelo intentó contener a las mujeres, una de las cuales forcejeó con el agente y se produjo un disparo fortuito, que hirió mortalmente a uno de los vecinos.
En ese momento, braceros y mujeres se lanzaron contra los cuatro guardias civiles que fueron linchados a golpes, patadas, garrotazos y navajazos y según el posterior informe forense se produjo un cruel ensañamiento y mutilaciones, por parte de estos. El general Sanjurjo, a la sazón responsable de la Guardia Civil, aseguró que: “ni siquiera en las cabilas más salvajes de Marruecos he visto cuerpos tan brutalmente mutilados”.
La investigación policial, acabó con 45 detenidos, con todas las garantías legales, que tuvieron como abogado defensor a Luis Jiménez de Asua, presidente de la comisión parlamentaria que había redactado la Constitución republicana.
En el juicio, que se celebró en el verano de 1933, fueron acusados 22 de los detenidos, veinte eran hombres y dos mujeres y la sentencia, condenó a siete de ellos a pena de muerte y a otros seis a cadena perpetua, aunque posteriormente se les conmutó, a los primeros por cadena perpetua y a los segundos por 20 años de prisión.
La mayoría de estos condenados fueron indultados tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, ya que el nuevo Gobierno de mayoría socialista, consideró a los condenados “presos políticos”.
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