Ya en 1932 el ministro republicano Largo Caballero, ordenó al Instituto Nacional de Previsión, una ampliación de la cobertura sanitaria, lo que llevó al desarrollo de un trabajo de expertos, y antes de la Guerra Civil de 1936, se discutió en el Parlamento una nueva legislación que tal vez hubiera transformado al INP en un Servicio Nacional de Salud, pero el estallido de la guerra no permitió llegar a aprobar ninguna ley al respecto.
Acabada la Guerra Civil, el gobierno dictatorial de Franco, estableció el “Seguro Obligatorio de Enfermedad” - SOE-, en 1942, centrado en la curación de los trabajadores, según el cual, los médicos cobraban por un cupo definido de "familias" y en principio atendían a los pacientes en su propio domicilio, pero pronto se desarrolló una red de consultorios públicos en los que pasaron a ofrecer sus servicios los médicos generales.
Así las cosas, mediante la ley de diciembre de 1942, se constituye el Seguro Obligatorio de Enfermedad -S.O.E.-, bajo la tutela del Instituto Nacional de Previsión -I.N.P.-, y dependiente del Ministerio de Trabajo, como sistema para cubrir los riesgos sanitarios de todo trabajador, afiliado obligatoriamente por su empresario, a través de cuota vinculada al trabajo, exceptuando a los funcionarios públicos.
Este seguro, en un primer momento, marcaba límites, tanto para la asistencia médica y farmacéutica, de 26 semanas y la hospitalaria de 12 semanas, todas prorrogables, mediante servicios médicos que se realizaban a través de los consultorios de la “Obra Dieciocho de Julio”.
La financiación del S.O.E. estaba constituida por la aportación del Estado y rentas de bienes propios, así como de los trabajadores y cuotas de los empresarios, a partes iguales, siendo responsable de su pago el propio empresario al descontar a cada trabajador, la parte que le correspondía al abonar su sueldo.
Con la presentación de esta ley, comenzaron los problemas para la designación de médicos de medicina general mediante concurso-oposición, porque había pocos profesionales y poco dinero para pagar sus servicios, de manera que la captación de estos se hizo por el medio “de boca a oreja”, que surtió un efecto relativo, en tanto, que los médicos especialistas tardarían más dos años en ser contratados.
Analizando el nacimiento de esta Ley, se saca como conclusión que, nacida de un régimen autoritario y antidemocrático, para los tiempos que corrían, resultó ser de lo más progresista, como lo demuestra el que perdurara setenta años después y que todos los partidos políticos democráticos desde 1975, han desarrollado, sin hacerla desaparecer, dado que marcaba las bases de un sistema en beneficio de la sociedad y, sobre todo, de los trabajadores.
Estamos, pues, ante una ley, que pese a haber nacido en una dictadura, es progresista, porque entiende que el derecho a la salud debe ser universal.
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