Tal día como hoy 13 de junio de 1859,
en México, el presidente Benito Juárez declara propiedad nacional
todos los bienes de la Iglesia católica.
Nacido en el seno de una familia pobre,
en el pueblo de San Pablo Guelatao, Benito Juárez García se
convirtió en uno de los presidentes cuyo trabajo y lucha se
tradujeron en un legado que tiene como principal pilar la fundación
del Estado mexicano tal como lo conocemos: laico, independiente y
soberano.
La laicidad del Estado mexicano es uno
de los más grandes compromisos y proyectos de Benito Juárez a lo
largo de toda su vida política; así lo demostró en 1844 cuando
después de ser nombrado secretario de Gobierno en el gabinete del
gobernador de Oaxaca, Juárez presentó su renuncia ante el intento
de las autoridades de denunciar a quienes se negaban a pagar el
diezmo a la Iglesia.
Para Juárez la separación de la
Iglesia y el Estado representó un proyecto que buscaba minar los
privilegios desmedidos que poseía un sector limitado de la población
en detrimento de uno más grande y de la autonomía del Estado, el
cual velaba por intereses particulares resguardados por la Iglesia.
Tras la caída de Antonio López de
Santa Anna y la llegada a la presidencia de Juan Álvarez, Benito
Juárez fue nombrado ministro de Justicia, posición desde la que
emitió la Ley Juárez, la cual limitaba el poder e influencia del
clero en asuntos civiles. Promulgada el 23 de noviembre 1855, esta
ley suprimió el fuero eclesiástico y el militar en materia civil.
Tras su irrupción, la ley obtuvo la
reprobación por parte de los conservadores y la más alta autoridad
eclesiástica, la cual la calificó como violadora de los derechos de
la Iglesia católica aludiendo al derecho divino, e incluso generó
malestar en el Vaticano.
La diferencia radical de posiciones
sobre este tema entre conservadores y liberales se agudizó con la
promulgación de la Constitución de 1857. La nueva constitución
hizo frente a los intereses de la Iglesia católica, pues puso fin a
muchos de sus privilegios, entre ellos el fuero eclesiástico y la adquisición y
administración de bienes raíces.
La oposición a este nuevo régimen
desató, para finales de 1857, que los conservadores, apoyados por
algunos liberales, dieran un golpe de Estado cuya finalidad era a la anular toda la legislación liberal.
Tras el golpe de Estado, Juárez llegó
en 1858 a la presidencia por ministerio de ley e hizo frente al
gobierno paralelo encabezado por Félix Zuloaga, quien fue nombrado
por los conservadores presidente interino a través del Plan de
Tacubaya, con la finalidad de derogar la Constitución de 1857.
Cerca de la culminación de la Guerra
de Reforma y durante su presidencia posterior al conflicto, Juárez
promulgó las denominadas Leyes de Reforma, un conjunto de decretos
emitidos entre 1859 y 1863 que tuvieron como objetivo consumar el
proceso de separación de la Iglesia y el Estado.
Con estas leyes se desamortizaron lo
bienes de la Iglesia, se estableció el matrimonio como un contrato
civil, el registro de las personas quedó en manos del gobierno y no
de las iglesias, se puso fin a la intervención del clero en los
cementerios, se prohibió la asistencia oficial a funciones
religiosas, la religión católica dejó de ser la única permitida,
se estableció la libertad de cada persona a profesar el culto de su
elección, se secularizaron hospitales y establecimientos de
beneficencia, y se decretó la exclaustración de monjas y frailes,
entre otras acciones.
El legado de Benito Juárez y su lucha
por la constitución de un Estado independiente hacen que sea
considerado una de las figuras políticas más importantes de la
historia de México y que su nombre esté unido a temas de laicidad.
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