Seguramente alguien pensó en el PSOE, en la década de los 80, que había encontrado la fórmula para financiar al partido, y para hacer frente a los gastos de la campaña electoral de 1989, mediante pedir millones de pesetas a empresas y bancos, a cambio de determinados servicios y privilegios.
El resultado fue, que en 1997, ocho personas fueron condenadas a penas de entre seis meses y 11 años de prisión, entre ellas un ex senador y un ex diputado del Partido Socialista.
El 29 mayo de 1991, el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, nada más leer la información de la prensa, envió fotocopia de las mismas al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas y le ordenó que iniciara una investigación.
La trama empresarial, que pusieron en marcha varias personas del PSOE, para financiar al partido a través de las sociedades Filesa, Malesa y Time Export, recaudó unos 1.000 millones de pesetas entre 1988 y 1990, y se conoció por la denuncia que realizó Carlos Van Schouwen a la prensa, un ciudadano chileno que conoció a Luis Oliveró - que era uno de los dueños de esas empresas - y le ofreció que se encargara de su contabilidad.
Van Schouwen, pensó que podía ser un buen negocio importar contenedores desde Rumanía a España, para venderlos o alquilarlos, lo que planteó a Oliveró y éste aceptó.
Con el tiempo, el contable empezó a ver cosas sospechosas en el entramado empresarial, y pidió que le pagaran los 25 millones de pesetas que habían pactado por el negocio de los contenedores, para dejar su trabajo y al no cobrarlos, presentó una demanda y, además, acudió a los periódicos para contar todo lo que sabía.
El sumario lo llevó a cabo el Tribunal Supremo, al estar implicado el senador socialista Josep Maria Sala y el magistrado Marino Barbero instruyó durante varios años un proceso, en el que adoptó algunas decisiones polémicas, aunque al final todo quedó en que volvió a pedir los informes sobre las cuentas del Partido Socialista y tras la posterior dimisión del magistrado Barbero, quedó el caso en manos del magistrado Enrique Bacigalupo.
Tras casi seis años de investigación, en 1997 se celebró el juicio, en una de cuyas sesiones declaró como testigo el ex presidente del Gobierno Felipe González, así como los presidentes de importantes bancos españoles y grandes empresas.
El 28 de octubre, se dio a conocer la sentencia en la que se demostraba el fraude, y se condenaba a 11 años de cárcel al ex diputado socialista Carlos Navarro; tres al senador Josep Maria Sala; 10 años para Luis Oliveró y Alberto Flores -dueños de Filesa- y penas menores para el resto de implicados.
El entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, pidió públicamente disculpas a los militantes y votantes de su partido y en junio de 2001, el Tribunal Constitucional resolvió los recursos, rebajando de tres a dos años la pena del ex senador Sala y confirmando las demás condenas.
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