Las autoridades republicanas, estaban al tanto de la existencia de campos de trabajo en los que a menudo se traspasaban los límites, es decir, se llegaba al fusilamiento de prisioneros, como sucedió en el campo de Omells de Na Gaia -Lérida- en los que algunos de ellos eran miembros de la CNT.
No existen muchos estudios históricos, sobre los campos de trabajo republicanos, pero estos existieron, y por ellos pasaron miles de personas durante la Guerra Civil, hasta su cierre tras la victoria del bando rebelde, aunque, paradójicamente, los programas de trabajo forzado del bando franquista, compartían rasgos esenciales, siendo dos caras de una misma moneda.
Por parte republicana, el mando de los campos se dividió entre la Dirección General de Prisiones y el Servicio de Investigación Militar, que abrió seis campos en Cataluña en la primavera de 1938, siendo estos los que peores condiciones ofrecían, ya que solían “castigar soldados indisciplinados, desertores e insumisos peligrosos”. Una dureza que se ha comparado con los gulags soviéticos.
En enero de 1937, el anarquista Juan García Oliver, ministro de Justicia, dijo: “Resolveremos el gran problema de la delincuencia politico-fascista con campos de trabajo” y el 24 de abril, abrió sus puertas el campo en Totana -.Murcia - y a lo largo de la guerra pasarían por él unos 1.799 presos.
Ese mismo año, campos similares comenzarían a surgir por el territorio republicano; El de Albatera, en octubre de 1937, con capacidad para 2.000 presos y otros de menor tamaño: Orihuela, San Juan y Calpe, Valmuel, Venta de Araoz y Rosas.
La idea de que el trabajo rehabilitaría a los prisioneros, encontró apoyos en el Frente Popular y se siguieron abriendo, ya que la Ley de Vagos y Maleantes promulgada en 1933, idea de Manuel Azaña, hacían a los campos de trabajo, una prolongación de aquella.
La mayoría de los trabajos llevados a cabo tenían que ver con las infraestructuras agrícolas y es importante señalar que el propósito de estos campos, como el de los franquistas, era el castigo y la redención, no la exterminación a través del trabajo.
En general, las condiciones no eran demasiado peligrosas para la vida de los reclusos, aunque sí para su salud, debido al hacinamiento, el ritmo de trabajo y la malnutrición, problema que se agravó a medida que avanzaba la guerra.
No obstante, el Servicio de Información Militar, llegó a emplear a miles de personas para la construcción de fortificaciones militares, en los seis campos de Cataluña, con disciplina extrema y castigos ejemplares, como el de Concabella, donde un prisionero fue ejecutado por robar un pollo y en Omells de Na Gaia, donde 21 fueron asesinados, por negarse a trabajar aduciendo que estaban hambrientos.
Sin embargo, el fusilamiento de seis anarquistas, colmó el vaso y el ministro Segundo Blanco, encargó una investigación, lo cual muestra que los políticos republicanos no eran ignorantes de esta realidad, espejo de los campos del bando franquista.
García Oliver, sugería que los prisioneros debían llevar a cabo “trabajos de utilidad pública que los pongan en armonía con los principios que guían a todos los ciudadanos” palabras que no eran tan diferentes, a las que impondría poco después, el franquismo en sus campos.
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