El llamado “Caso Lasa y Zabala” fue el primer acto terrorista realizado por los Grupos Antiterroristas de Liberación - conocidos por la siglas GAL - y recibió su nombre, de los dos apellidos de los miembros de la organización terrorista ETA, que fueron secuestrados, torturados y asesinados en 1983.
Según se extrae de la sentencia, con motivo del hecho una vez descubierto el caso, en el año 1981 José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, ambos con 18 años y pertenecientes a la banda terrorista ETA, constituían un comando para realizar asesinatos y acciones de todo tipo, formando por dos mas, uno de ellos sin identificar, cuyo nombre era comando “Gorki”.
En noviembre de 1981, fue detenido el miembros del comando Iñigo Alonso, cuando acababa de realizar junto con sus otros compañeros, un atraco en una entidad bancaria, en tanto que el resto, tras enfrentarse a tiros con la Policía, lograban escapar y tras este suceso, Lasa y Zabala huyeron de España.
En 1983 continuaban residiendo en Francia en la localidad de Bayona, en contacto con el denominado “Comité de Refugiados”, habiendo solicitado asilo político y mientras, habían pedido permisos de residencia, que les habían sido concedidos.
En octubre de ese año, ambos fueron secuestrados en Bayona, por miembros del GAL, trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, siguiendo directrices del general Galindo y de allí al palacio de La Cumbre, en San Sebastián, donde fueron salvajemente torturados.
Debido al estado en que se encobraban, el general Galindo, con conocimiento del gobernador civil Julen Elgorriaga y de un teniente-coronel del cuerpo, ordenó su asesinato y desaparición, siendo encargados dos guardias civiles de llevar sus cadáveres a Busot -Alicante - donde tras asestarles tres disparos en la cabeza, les enterraron en una fosa, cubiertos con cal viva.
Dos años después, en 1985, fueron hallados sus restos, pero sin identificar hasta 1995 y ya en la primera autopsia, se evidenciaban signos de haber sido torturados.
En abril del año 2000, la Audiencia Nacional condenó al general de la Guardia Civil Galindo, al teniente coronel, a Julen Elgorriaga, gobernador civil de Guipúzcoa y los dos agentes que intervinieron en el traslado y en julio de 2001, el Tribunal Supremo aumentó estas condenas, al considerar agravantes su condición de funcionarios públicos, siendo rechazado el Recurso de Amparo, planteado al Tribunal Constitucional, que fue avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En total, se les condenó a 365 años de cárcel, pero tras cumplir solamente cinco en el caso de Galindo y Elgorriaga, salieron de prisión, al serles cambiado de régimen por motivos de salud, cumpliendo el resto de su condena bajo libertad vigilada, lo cual no afectó sin embargo, al capitán del Servicio de Información de Intxaurrondo, que continuó condena en la prisión.
La investigación de los hechos, la llevó a efecto un alto responsable del Cuerpo Nacional de Policía y su equipo de trabajo, del que seleccionó a sus más brillantes efectivos, recibiendo tantas presiones y directas amenazas de caracter anónimo, con visos de certeza, que exigió y obtuvo para toda su familia, una protección especial durante el curso de las investigaciones, las cuales culminó brillantemente.
Muchas veces en la vida, no sabes si tu más mortal enemigo, es quien te da afectuosamente los buenos días cada mañana.
Nuestros sistema político institucional evidenció, en este caso, un riguroso respeto a la Ley, incluso por encima de la "razón de Estado", que primó en otras naciones europeas -recuérdese el caso de la banda Baader-Meinhof, suicidados en una prisión alemana, o los terroristas de IRA, acribillados en Gibraltar sin portar armas, amén de una larga lista de ejemplos- sin que la ciudadanía castigara en las urnas a los gobiernos responsables.
ResponderEliminarAquel comportamiento de nuestras instituciones debería serle recordado a quienes dicen que el
sistema nació con déficit democrático cndicionado por "el ruido de sables", cuando ETA asesinó a 13 Generales y unas cuantas docenas de jefe militares sin que el Ejército "rompiera la formación"- con la excepción del "fogonazo" de Tejero al que tampoco se adhirió el estamento militar en su conjunto y terminaron en prisión los autores-.
Sería deseable que en todos los casos, actualmente en los tribunales, se aplicara la Ley con el mismo rigor.
Bien cierto es José Miguel que la ley debe ser igual para todos, pero lo que en este caso hizo mas condenable y repugnaante el crimen, fue usar medios del Estado para su represión, con métodos terroristas. En todos los países - incuyendo los democráticos - se emplean tales metodos, pero se hace por servicios paralelos. Los norteamericanos saben mucho de eso. Su teoría es que "las cloacas del poder deben existir, porque en caso contrario, la podredumbre aflora a la superifie". Podemos estar o no de acuerdo en eso, pero este principio se sigue, con más o menos rigor, por todos los países del mundo, y eso. es un hecho incuestionable.
Eliminartotalmente de acuerdo, José María. En cualquier caso -servicios paralelos o no- la tortura es inadmisible, no solo por ser un acto criminal, sino porque evidencia falta de profesionalidad, meticulosidad y rigor en la investigación para aportar pruebas suficientes a los tribunales.
ResponderEliminarvide Orden General de la D.G.S nº 2.161 de 1º de julio de 1.944 suspendiendo de empleo y sueldo a varios jefes policiales por tolerar malos tratos a detenidos.